Aborto, realidad negada

Por Agustín Garcia

     Al igual que en la mayoría de los países de América latina, en la Argentina el aborto está legalmente restringido. Es el art. 85 del Código Penal el que tipifica la práctica del aborto como un delito contra las personas y contra la vida, con penas de reclusión o prisión de entre 1 a 10 años (pena elevable hasta a 15 años, en caso de muerte de la mujer) para quien causare un aborto; con penas de 1 a 4 años para la mujer que causare su propio aborto o consintiere en que otro se lo causare. El artículo 86 establece dos excepciones en las que el aborto no es punible: 1) si el aborto “se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”, y 2) “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente”(1).

      En marzo de 2012, la Suprema Corte de Justicia argentina precisó que el aborto es no punible en violaciones cometidas sobre cualquier mujer, es decir, ratifica que los abortos en casos de violación no son punibles, independientemente de si la víctima es insana o no; y además, reconoció el motivo de preservación de la salud mental de la mujer como motivo para considerar el aborto, no punible.

      Hasta aquí, un repaso del marco jurídico. Pero ahora me gustaría poner en consideración algunos datos e intentar abrir una pequeña ventanita a un espacio tan complejo que de todos modos, hoy permanece en lo oscuro, en lo clandestino, en lo ilegal. De acuerdo con el estudio realizado por Silvia Mario y Edith Alejandra Pantelides en 2009 (2), en la Argentina se realizan entre 370 y 522 mil interrupciones de embarazos por año (3). En el año 2013, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, fueron 50 las muertes maternas vinculadas directamente a un aborto sobre un total de 245 muertes maternas (que acumula además, causas obstétricas directas y no directas). Lo que posiciona el aborto como principal causa de muerte materna.

     Entre 370 y 522 mil abortos sobre alrededor de 750.000 nacimientos que se registran en Argentina en un año. Quiero ser aquí muy claro. Por lo menos, un aborto por cada dos niños que nacen. Abortos que no están regulados, donde no existe la posibilidad de un tratamiento digno y responsable de la salud física y psíquica de la mujeres, y donde se refleja la enorme distancia entre quienes pueden optar concienzudamente por una práctica segura en una clínica privada y quienes quedan a la deriva.

        Es que la penalización del aborto que rige en numerosos países, lejos de disminuir la incidencia de la práctica, impide el acceso a procedimientos seguros, con lo cual se generan riesgos para la vida y la salud de las mujeres.

        Mónica del Río, directora del portal Notivida (4), es una de las voces “defensa y promoción de la vida y la familia”. Para ella, se trata de un tema de valoración de todas las vidas: "Si confrontamos la cifra de 500.000 abortos con las 50 muertes por aborto –de los que muchos son espontáneos-, surge que de cada 10.000 mujeres que se practican un aborto, una muere. O lo que es lo mismo que por cada 10.000 niños por nacer asesinados muere una madre. Para los que bregan por la legalización de aborto, de esas 10.001 vidas, evidentemente, hay 10.000 que carecen de valor".

      Cuando los números se observan de este modo, la cifra es contundente. Pero el problema, a mi modo de ver, es que la discusión sobre el tema del aborto no puede jamás centrarse solamente en la cantidad de muertes (de madres y de niños) que nos deja cada año. Es una visión simplista de un problema muy complejo. Del mismo modo, es simplista la condena de aquellos moralistas libres de pecado que tildan a las personas (mujeres, hombres u otras) que se manifiestan a favor de una reglamentación diferente e inclusiva de asesinos. El problema no pasa únicamente por más o menos muertes. El abordaje debe pasar también por el cúmulo de situaciones socioeconómicas, culturales, ideológicas tan diversas que pueden poner a una mujer, grande o joven, rica o pobre, de El Círculo o de Tres Cerritos, aymara, salteña, porteña, china o de donde se te ocurra, ante la dura situación de tener que decidir qué decisión tomar cuando los tiempos presionan. Y ni hablar de los casos en que la elección no es decisión, sino obligación. No podemos sancionar, ensuciar social y moralmente a una persona sin escucharla, sin dar espacio a su voz, a su cuerpo, a sus situaciones de vida. 

        No, señora, señor, promover un debate justo y libre de prejuicios sobre el aborto no es promover el asesinato. El aborto es una realidad, mucho más grande y compleja de lo que tal vez imaginamos. Y es una realidad que merece, por lo menos, ese debate justo, donde desenmascaremos situaciones, donde levantemos etiquetas, donde reconozcamos que el sistema no es imparcial, exponiendo a las mujeres de los sectores menos favorecidos a tener que recurrir con frecuencia a prácticas riesgosas. Un debate que tampoco debe girar solamente alrededor de “legal y no legal”, ya que exige soluciones mucho más contundentes. Exige un abordaje enriquecido, pluridisciplinario, en el que tienen mucho para decir los sociólogos, los médicos, los líderes de la comunidad, los psicólogos, las mujeres. No puede tratarse de un debate meramente jurídico y trasciende a los fallos y antecedentes de la Corte Suprema y a la pertinencia del Derecho.

       Promover el debate tiene que consistir en buscar las mejores soluciones para una realidad que no es ajena a nuestros déficits sociales. Salud, educación, igualdad de oportunidades, mejor calidad de vida. El Estado tiene que responsabilizarse y apoyar a las mujeres cualquiera sea la decisión que tomen. Si la decisión es proseguir el embarazo y ser madre, que el Estado aporte sostén sanitario, económico y social, en especial en los sectores más distanciados y empobrecidos, que no tienen acceso cotidiano y gratuito a los distintos dispositivos de contención. Que las mujeres sepan que estarán acompañadas en todas las aristas y que las limitaciones socioeconómicas se pueden solventar. Y más aun si la decisión es abortar, que ellas perciban que sí están contenidas. Que el procedimiento será totalmente seguro y gratuito y que un equipo de profesionales con una formación integral está para escuchar, para aportar, para acompañar y no para etiquetar. Porque no sólo está en juego la salud física. No se puede descuidar la salud espiritual.

    Me llama poderosamente la atención que hasta hoy no se haya podido dar este debate en su verdadera dimensión. Esta sociedad merece que se pongan las cifras en consideración, que nos preguntemos “por qué” mucho antes de “qué clase de enfermo sería capaz de…”. Que abordemos la oportunidad de disponer de soluciones concretas y mucho más efectivas para la salud física, social y psicológica de muchísimas mujeres. Estigmatizar, criminalizar e invisibilizar la realidad, está demostrado, es la peor norma que podemos tomar como seres sociales y seres de vida.

(1) Código Penal, Libro Segundo, Título I, capítulo I. Disponible en http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/15000-19999/16546/texact.htm


(2) Mario, S. y E. A. Pantelides (2009). “Estimación de la magnitud del aborto inducido en la Argentina”, Notas de Población, 87. Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Disponible en http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/12842/np87095120_es.pdf?sequence=1


(3) Estas cifras son estimativas ya que, por tratarse de una práctica clandestina, no se dispone de datos precisos. La única información disponible al respecto es el número de hospitalizaciones producidas en los establecimientos públicos por complicaciones relacionadas con abortos. No obstante, este dato no distingue entre abortos espontáneos y provocados, por lo que representa solo una fracción de los que ocurren anualmente.


(4) http://www.notivida.com.ar/