Legalización de la marihuana

Por Santiago Halusch

         La regulación del consumo, venta, posesión y cultivo de drogas es objeto de debate desde hace muchos años. La mayoría de los países del mundo tienen legislación concerniente a este tópico, ya sea despenalizando o legalizando. ¿Qué sistema es más benigno para toda la sociedad?

        El aspecto principal sobre el que versa la cuestión que trato de examinar es la influencia que puede tener un ordenamiento jurídico sobre la salud pública, la violencia social y el narcotráfico. Las aseveraciones de los prohibicionistas se basan en la guerra contra las drogas y el narcotráfico como flagelos que actúan en detrimento de la salud pública, aumentando la violencia a escalas altísimas. 

         En nuestro país rige la ley 23737 que penaliza la tenencia, producción, comercio, transporte y apología al consumo de drogas. No obstante, en 2009, la Corte Suprema de la Nación declaró en forma unánime la inconstitucionalidad de parte de esta ley en el conocido Fallo Arriola. En esta situación el Tribunal fija como columna vertebral de nuestro sistema jurídico al artículo 19 de la Constitución Nacional que básicamente aboga por la libertad personal de las personas cuando no ofendan al orden y la moral pública ni perjudiquen a un tercero. También los magistrados exhortaron a modificar la ley (lo que aún no sucedió) pero de todas formas se aplica esta jurisprudencia en los diversos casos judiciales sobre consumo. Sin ir más lejos, en 2013 Uruguay se convirtió en el primero en legalizar la cadena de venta y consumo de cannabis íntegramente permitiendo que las farmacias puedan vender hasta 40g de inflorescencias de marihuana por mes también posibilitando el cultivo y los clubes de consumidores. Es muy interesante analizar minuciosamente la reglamentación del país vecino (se encuentra frenada su aplicación) pero no es el objetivo de esta nota.

           Los beneficios de legalizar son numerosos, entre los más importantes se encuentran:

· Mayor libertad a las personas adultas (criterio respaldado por la Corte). 

· Potenciales beneficios en la salud tales como tratar las migrañas, prevenir el alzheimer, retrasar crecimiento tumoral, reducir convulsiones (recientemente la ANMAT permitió el uso del aceite de cannabis para este fin), atenuar síntomas de enfermedades crónicas, etcétera.

· Reducción en la violencia social: a diferencia de lo que piensan muchos prohibicionistas, la legalización abriría vías legales para tratar las diferentes controversias.

· Mitigación de mafias como en narcotráfico que muchas veces seducen debido a las ganancias que se pueden obtener en ese mercado negro por los altos precios de la marihuana que se verían reducidos si se legalizara. 

          Personalmente, luego de un análisis demasiado sucinto para lo que el tema exige, me inclino hacia la legalización. En primer lugar porque la exclusiva despenalización no serviría para atacar al narcotráfico efectivamente. En segundo lugar, porque creo que las personas adultas, en coincidencia con nuestra Constitución, deben tener las herramientas legales para desarrollar sus proyectos según gusten siempre que no se vean afectados terceros. Por último, penalizarla sería óbice para disfrutar de los beneficios que puede tener para la salud pública no solo por las condiciones intrínsecas de la planta sino porque de esta forma el Estado podría regular mucho más la cantidad y calidad de las drogas que inevitablemente consumirán las personas. Es de utilidad analizar históricamente hitos como la Ley Seca o la Guerra contra las Drogas que irrumpen contra la intimidad de las personas e incluso aumentan el consumo de drogas.