Por Nahir Nallar
Este pasado 27 de mayo, se cumple el 52 aniversario de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Las FARC se autodenominan un "movimiento revolucionario" de guerrilla insurgente al régimen constitucional de Colombia. Su objetivo en las actuales mesas de negociación en La Habana, es ser reconocidos como partido político desarmado por el gobierno colombiano.
Las FARC son consideradas una agrupación terrorista por diversos Estados (entre ellos Chile, Perú, Estados Unidos, Canadá , Nueva Zelanda y Colombia), así como la Unión Europea. Sin embargo, gobiernos de otros países latinoamericanos como Brasil o Argentina no le aplican esta calificación. El gobierno de Ecuador le otorgó el reconocimiento de "grupo irregular”, es decir, "que no son interlocutores válidos". El mandatario ecuatoriano también dijo que no les considera terroristas, ni beligerantes, simplemente "irregulares" y que el estatus de beligerancia solo será reconocido siempre y cuando dejen todos los actos que vayan en contra de los derechos humanos como los secuestros o los ataques con bombas, "atentados que se pueden considerar terroristas", según las propias palabras de Correa. Mientras que el gobierno venezolano de Hugo Chávez solicitó en su momento, que se le otorgue un estatus de grupo beligerante y no las considera terroristas.
¿Cuál es la importancia del status político de la organización?
Bueno el status hace referencia a la posición, y la interacción de las FARC con el mundo depende de ese reconocimiento.
Reconocer este movimiento como terrorista, implica que quienes se relacionen con él están incurriendo a un delito internacional. En el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional se define al terrorismo, junto a otros crímenes, como : “Llevar a cabo, organizar, patrocinar, ordenar, facilitar, financiar, alentar o tolerar actos de violencia contra otro Estado, dirigidos contra personas o propiedad y que sean de tal naturaleza como para crear terror, miedo o inseguridad en la mente de personalidades públicas, grupos de personas, el público en general o la población, cualesquiera que sean las consideraciones o propósitos de tipo político, filosófico, ideológico, racial, étnico, religioso, o de cualquier otra naturaleza que puedan ser invocados para justificarlos.”
En cambio, se denomina beligerancia a la participación contendora dentro de un conflicto determinado, o a dar la suficiente importancia a alguien como para acceder o reconocer contender con él. Generalmente es un concepto usado en el Derecho internacional público para designar a la nación o sujeto político que está en guerra, o en política a los participantes más visibles en algún conflicto social.
La beligerancia designa la situación jurídica internacional en que un grupo (potencia, nación, grupo armado, etc.) se encuentra autorizado por el Derecho de los conflictos armados o Derecho de guerra para realizar acciones bélicas contra el grupo enemigo, dándoles iguales garantías internacionales a ambos (o más). Para ser beligerante es necesario:
- Ser sujeto de Derecho internacional.
- Someterse al Derecho de guerra.
Esta calidad de sujetos de Derecho internacional tiene como condición imprescindible para su existencia el haber recibido el reconocimiento jurídico internacional por parte de Estados o de organismos internacionales gubernamentales. Se determina según el tipo de conflicto:
- En un conflicto armado internacional la condición de beligerante en general pueden obtenerla los Estados (responsabilidad internacional del Estado) y los movimientos de liberación nacional.
- En un conflicto armado interno el estatus de beligerancia puede concederse también a un grupo alzado en armas que en guerra civil adquiere, en parte del territorio características similares a las de un gobierno regular (comunidad beligerante).
Ser sujetos de derecho internacional les impone obligaciones y deben hacer valer responsabilidades, incluyendo el derecho de guerra, a las cuales deberán someterse para preservar tal estatus.
Hoy la esperanza es que ese debate se termine, y se llegué a un acuerdo donde los intereses de ambas partes puedan convivir bajo el mismo techo como nación. Ambas partes buscan terminar el conflicto que les ha costado, no sólo pérdidas materiales, si no también humanas.
Santos busca seguridad para su Patria, terminar los asesinatos, los secuestros y principalmente el narcotráfico. Las FARC buscan garantías y continuidad en sus políticas comunistas y un pase de acceso al sistema mediante uno o varios partidos políticos.
En un comunicado por el aniversario de la Fuerza, el Secretario del Estado Mayor Central de las FARC escribe:
“Tras cincuenta y dos años de confrontación, las FARC pasaremos a convertirnos en un movimiento político legal y desarmado, en un país en el que la tolerancia y las garantías para el adversario político deben ser plenas. La siniestra figura de la discriminación política será cuestión del pasado. Uniremos nuestras voces y esfuerzos a todos los que sueñan con una patria justa y soberana, a fin de conformar el torrente imparable que haga de Colombia un ejemplo para América y el mundo. ¡Hemos jurado vencer… Y venceremos!”
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