¿Justicia o Golpe de estado?

Por Facundo Fuentes

      El año nuevo del 2011 no sería uno más para la República Federativa del Brasil ya que en la fecha asumía la presidencia Dilma Rousseff, primera mujer en la historia del país en ostentar el cargo, siendo la elegida para continuar con el proyecto iniciado en 2003 por el Partido de los Trabajadores, de la mano de su mentor, Luiz Inácio Lula da Silva.

      4 años más tarde lograría la reelección venciendo apretadamente al socialdemócrata Aécio Neves. De este modo el PT lograba algo inédito garantizándose 16 años en el poder. Sin dudas lo que conquistó a gran parte del electorado fueron las políticas dirigidas a los más pobres y clase media, protección a los niños y ancianos, mayores oportunidades educativas para los jóvenes, sistema de salud de calidad para toda la población, entrega de miles de viviendas, generación de empleo y el establecimiento de un digno salario mínimo, entre tantas políticas y planes sociales abocados a garantizar la inclusión y a combatir la indigencia y pobreza.

     Ahora bien, a lo largo de estos años este gobierno se ha visto envuelto en múltiples casos de corrupción que salpicó a funcionarios y ministros del PT. La oposición se puso al frente de las investigaciones en el caso PETROBRAS en busca de manchar a Lula, al PT y principalmente a la mandataria. Ya desde la campaña que buscaba la reelección se comenzaron a vislumbrar estrategias mediáticas con la cadena O GLOBO como abanderado en contra de Rousseff, con noticias especuladoras y sin ningún tipo de fundamento. Como Dilma salió ilesa de estas artimañas los grupos opositores tuvieron que buscar otro argumento para tratar de destituirla, así que decidieron acusarla de una presunta manipulación del déficit fiscal de 2014. El caso se fundamenta en una resolución del Tribunal de Cuentas brasileño, que no aprobó el presupuesto que el Ejecutivo presentó para ese ejercicio.

     El día señalado llegó y tras una jornada tan extensa como predecible el Senado aprobó el juicio político a la presidenta suspendiéndola por un máximo de 180 días, tiempo en el cual se definirá si se la destituye del cargo de manera definitiva.

    Este suceso ha causado aun más división en Brasil, separando a quienes sostienen que es justo destituir a Dilma por algo así y los que consideran una injusticia y hasta golpe de estado.

     Rousseff se manifestó sosteniendo que:"Cuando una presidenta electa es juzgada bajo la acusación de un crimen que no cometió, el nombre que se le da a eso en el mundo democrático no es 'impeachment', es golpe" y alertando que "el mayor riesgo del país es ser dirigido por los sin voto" en referencia al gobierno que formará el vicepresidente Michel Temer mientras ella es apartada del cargo. 

    Vamos a ser claros y objetivos, el llamado golpe no es tal, considerando que se trata de un proceso legalmente valido, abalado por la constitución y dos de los poderes del Estado como lo son el Congreso y Senado, por supuesto además de no haber sido dirigido por un grupo de militares. Lo que si, a mi parecer se ha cometido un abuso de poder entendiendo que la carátula de “violar normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal” no me parece lo suficientemente grave como para apartar a Dilma Rousseff y pasar por arriba la voluntad popular que la puso nuevamente al mando de su nación para guiarlos hasta el último día del 2018.

     Sin duda una nueva incógnita se abre sobre cuál será el accionar del nuevo presidente provisional Temer pero esa es otra historia. Por lo pronto Dilma deberá ocuparse en preparar su defensa legal.

    Brasil además de ser uno de los principales socios comerciales de la Argentina es un hermano, y todos aquellos que amamos la bandera latinoamericana y defendemos la democracia e institucionalidad nos solidarizamos con el vecino país, deseando pueda superar este duro momento que atraviesa y lograr rápidamente la estabilidad económica, política y social.

    “En nombre de los 54 millones de votos con los que fui elegida, en nombre de todo el pueblo brasileño, voy a luchar con todos los instrumentos legales de que dispongo para ejercer mi mandato hasta el fin, hasta el día 31 de diciembre de 2018”. Dilma Rousseff.